Emergen detalles sobre la Operación Hermes, una trama con la que se eliminaron hasta 722 nombres de cuentas bancarias de la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En los últimos días se hizo pública una investigación que puso al descubierto la Operación Hermes, una trama para liberar hasta 722 cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El portal Aristegui Noticias dió a conocer que pocos meses antes de la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la presidencia de México, se llevó a cabo una operación que culminó en una orden electrónica que desbloqueó casi 1,100 millones de pesos, así como 18 millones de dólares de cuentas ligadas a los más poderosos
cárteles del narcotráfico en México, empresas con vínculos con la Estafa Maestra, empresas factureras y otras tantas vinculadas al desvío de recursos para campañas proselitistas del PRI.
La investigación incluye documentos que comprueban que se trataba de empresas con vínculos probados de operaciones de lavado de dinero, mismas que pudieron recuperar el control de sus cuentas quedando posibilitados para retirar millonarios montos bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Así mismo, se indica que la operación involucró en un principio al entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora quien ocupaba a principios de 2018 la presidencia de la Segunda Sala y es que en la sesión del 22 de Marzo de 2018 daba entrada a una votación en paquete de 18 asuntos entre los que se encontraban controversias constitucionales, conflictos de competencias, contradicciones de tesis y amparos, los cuales quedaron resueltos por unanimidad, sin discusión de por medio.
Logrando así incluir la revisión por la vía rápida del amparo 1231/2017, un proyecto elaborado por el equipo del propio Medina Mora. El amparo buscaba otorgar a la empresa Distribución y Capital Administrativo S.A. de C.V. el desbloqueo de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Uno de los accionistas de esta empresa fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas en virtud de un acuerdo firmado por el entonces titular de la UIF Alberto Bazbaz Sacal, lo que derivó en la inmediata suspensión por parte de las entidades financieras del país de toda clase de actos y operación a fin de evitar la disposición de los recursos existentes en sus cuentas.
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Al poco tiempo, la parte afectada solicitó un amparo que si bien fue negado inicialmente, se interpuso un recurso de revisión. El ministro Medina Mora tomó el caso hacia finales del 2017 que luego de un periodo de 3 meses, su equipo de trabajo materializó en una propuesta que fue enviada a los 4 ministros que aquel 22 de marzo acabarían aprobando como parte de un paquete de asuntos que se sometieron a votación sin discusión ese día.
Es en la argumentación jurídica del proyecto presentado por Medina Mora donde se establece la premisa que sirvió de sustento para la Operación Hermes. El amparo estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas bancarias cuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, logrando establecer que la acción ejercida por la UIF resultaba inconstitucional, ya que solamente debía proceder en los casos donde una entidad o gobierno extranjero lo solicitase en virtud de acuerdos internacionales en la materia.
Cabe destacar que debido a que en la sesión de ese día no hubo discusión alguna, no hubo reparos en la aprobación de aquel amparo que mermaba en la práctica las facultades de la UIF al indicar que "La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros únicamente puede emplearse como medida relativa al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país".
También se indica que el fallo concluía en lo siguiente: "Se debe conceder el amparo única y exclusivamene a la empresa quejosa" por lo que deberá dejarse sin efectos el acuerdo emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es en esa conclusión donde se encuentra el punto débil que a la postre sería retomado para ampliar los alcances de esa resolución ya que sentaba un precedente útil para otros amparos que se promovieran en adelante.
Más adelante ya al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, la ministra Margarita Luna Ramos prepararía un nuevo proyecto de amparo en revisión, el 124/2018 contra el bloqueo de cuentas que había sido ordenado por la UIF, para lo que el proyecto previo de Medina Mora sirvió de herramienta debido al precedente que representó, por lo cual no hubo impedimento para ser concedido de la misma forma.
Y así, durante un periodo que comprendió los 2 meses siguientes, los ministros concedieron 5 amparos contra el bloqueo de cuentas, lo cual dió como resultado que se estableciera una jurisprudencia a partir del 21 de mayo de 2018 en la que se estableció que todo juez que recibiera una solicitud de amparo contra el congelamiento de cuentas decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera deberá concederlo de forma automática "sólo para el que lo solicite".
Así se concretó la base legal que serviría para asestar el golpe a una importante herramienta para el combate al lavado de dinero: La Lista de Personas Bloqueadas. Situación que sería aprovechada por Orlando Suárez López último titular de la UIF de la pasada administración federal para girar un acuerdo el 4 de junio de 2018 que ordenaba desbloquear las cuentas de 722 personas sospechosas de haber lavado dinero, bajo el argumento de que tenía conocimiento de que la PGR ya había asegurado esas cuentas como parte de sus investigaciones por lo que el bloqueo suponía un obstáculo, citándo además como sustento la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según la cual todo juez debe conceder un amparo a quien lo solicite en contra del bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Inexplicablemente el acuerdo de Suárez López incluía además a personas que nunca solicitaron el desbloqueo de sus cuentas ante algún tribunal. Como resultao de ese acuerdo, las entidades financieras se vieron obligadas a reanudar a partir de ese momento la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios incluidos en la lista. Culminando así la Operación Hermes, un golpe que borró en corto tiempo un trabajo de cuatro años de combate a las operaciones con dinero de procedencia ilícita a través de la Lista de Personas Bloqueadas. Fueron 1,086 millones 951 mil pesos y 17 millones 663 mil USD los montos retirados de las cuentas afectadas el saldo de esta minuciosa operación ejecutada al final de la pasada administración.
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Por esos hechos, Santiago Nieto el actual titular de la UIF en la administración de Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia en contra de sus dos predecesores: Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López así como Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales de esa unidad, haciéndolos responsables de tomar decisiones de manera ilícita y en contra de sus atribuciónes. La denuncia señala que hicieron "uso ilícito de sus atribuciones y facultades" y que el acuerdo firmado por Suárez López eliminó personas de la lista sin una "debida fundamentación y motivación legal" y además "autorizó la disposición inmediata de recursos económicos sin que previamente hubieran justificado el origen lícito de dichos recursos". La denuncia también hace incapié en que la jurisprudencia adoptada por la SCJN no era de aplicación general y procedía "única y exclusivamente para las personas amparadas".
Daños colaterales de la jurisprudencia
Los efectos de la jurisprudencia adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la lista de personas bloqueadas ha tenido como resultado que nuevas operaciones que busquen bloquear capitales relacionados con el lavado de dinero, se hagan en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así pues, en la más reciente operación de este tipo, la operación Agave Azul, se contó con la participación del vecino país para solicitar el bloqueo de recursos de procedencia ilícita, a fin de evitar que las personas afectadas puedan valerse de la jurisprudencia vigente para retormar el control de sus cuentas. Al ser el gobierno de los Estados Unidos en ese caso la parte que solicita el bloqueo de recursos a la UIF, se cumple con lo dictado en la jurisprudencia, en el sentido de que el bloqueo de cuentas sólo puede emplearse como medida relativa al cumplimiento de una resolución de un organismo internacional, relación bilateral o multilateral que el país halla asumido.
Claves para entender la Operación Hermes
- Contó con un andamiaje legal sustentado en amparos y una jurisprudencia contra el bloqueo de cuentas otorgada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para el combate al lavado de dinero se vieron afectadas por los amparos que invalidan bloqueos.
- La operación se llevó a cabo desde el más alto nivel dentro de la misma UIF.
- Echó abajo un trabajo de 4 años en el combate al lavado de dinero a través de la Lista de Personas Bloqueadas.
- Posibilitó el retiro 1,086 millones 951 mil pesos y 17 millones 663 mil dólares de cuentas con sospecha de lavado de dinero.
- Inexplicablemente el acuerdo de liberación de cuentas incluyó nombres de personas que no habían solicitado amparo por el bloqueo de cuentas.
- Santiago Nieto, actual titular de la UIF ha denunciado a sus 2 predecesores por el uso ilícito de sus atribuciones y facultades.